¿ES OBLIGATORIO, A PARTIR DE 2017, HACER ACCESIBLE LA PISCINA COMUNITARIA?

¿ES OBLIGATORIO, A PARTIR DE 2017, HACER ACCESIBLE LA PISCINA COMUNITARIA?

La respuesta a esta pregunta, la encontramos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

Existe un gran número de parque inmobiliario en España que presenta dificultades ante sus usuarios, sobre todo a personas con discapacidad y/o dependiente, así como a personas mayores de 70 años, impidiendo el buen uso regular de las instalaciones, debiendo de estar efectuadas antes del 4 de Diciembre de 2017 todas las modificaciones en los edificios ya existentes para que no exista ninguna discriminación entre los usuarios de éstos y facilitar el derecho que tienen a la vida independiente, debiéndose de tener en cuenta también la dotación de ayudas técnicas adecuadas en aquellas comunidades de propietarios que permitan el acceso y uso de elementos comunes, tales como jardines, zonas deportivas, piscinas y otros similares.

En lo que concierne al gasto de la instalación de una piscina comunitaria accesible mediante la instalación de una silla hidráulica, la nueva regulación normativa, sobre accesibilidad universal en edificios sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal, se encuentra en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal –en adelante, LPH-, en la nueva redacción dada por La Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, en su disposición final primera, que modifica, entre otros, los artículos 10 y 17 de la LPH.
Así esta nueva ordenación reconoce el derecho a la realización de las obras y actuaciones que resulten necesarias para satisfacer el requisito de accesibilidad universal –entre cuyas actuaciones, obviamente, se encuentra la accesibilidad de la piscina comunitaria-. Y en todo caso, las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal para el uso adecuado de los elementos comunes, mencionado explícitamente la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación exterior

El derecho puede instarlo según la LPH, la persona propietaria de la vivienda si en ella viven, trabajan, prestan servicios voluntarios personas con discapacidad o que sean mayores de setenta años. También puede instar la realización de obras o actuaciones de accesibilidad universal, y esta es una novedad importante a partir de esta última modificación realizada, cualquier propietario del inmueble o si estas obras viniesen impuestas por las Administraciones Pública en el deber legal de conservación del inmueble.

Como conclusión, la accesibilidad universal se convierte en una obligación de las comunidades de propietarios por medio de los trabajos y las obras que resulten necesarias para obtenerla.
Los gastos de esas obras los sostendrán todos los propietarios del inmueble, siempre que el importe repercutido anualmente de las obras o actuaciones, descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Un aspecto importante a señalar es que no eliminara el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de sus coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes sean los beneficiarios y lo hayan requerido.
Si el importe excede las doce mensualidades de gastos ordinarios es necesario el acuerdo, en una junta convocada al efecto, si se adopta válidamente la comunidad quedara obligada al pago de los gastos que origine la obra o instalación

Fuente: http://www.solucionesong.org